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Derogar las reformas laborales para recuperar derechos y la centralidad del trabajo

Nos enseñaron a creer en la bondad de las personas y de sus actos, pero la bondad se  ha convertido en un concepto subjetivo y lo que es bueno para los intereses de las empresas del IBEX35 no es bueno necesariamente para la mayoría de la población.

Viene esto a cuento de la supuesta bondad de las sucesivas reformas laborales iniciadas en 2010 por el Gobierno Zapatero y que, intensificadas en la etapa Rajoy -en muchas ocasiones con la colaboración necesaria de formaciones como CiU-, han arrasado con nuestro sistema de relaciones laborales. La finalidad es clara: la desregulación de derechos y el avance imparable de la discrecionalidad del poder empresarial, la indefensión de los trabajadores/as y la debilidad de los instrumentos y organizaciones de representación de los mismos, para poner fin al último freno de las políticas neoliberales.

Y para ello no han dudado en abaratar repetidamente el despido, suprimir la autorización administrativa en la tramitación de los EREs y la modificación sustancial de condiciones de trabajo, precarizar el contrato a tiempo parcial hasta límites insostenibles, o crear un contrato “indefinido” con un periodo de prueba de un año, que en la práctica se traduce en la introducción de un despido gratuito, aunque limitado en el tiempo.

Y éstas son sólo algunas de las ‘buenas intenciones’ que han empedrado el camino del particular infierno laboral que se vive en el Estado español, pero que resultan absolutamente fundamentales para aislar a los trabajadores/as, atemorizarlos, desmovilizarlos y, lo que resulta aún más perverso, dividirlos y enfrentarlos entre sí.

Todo al servicio de un único objetivo: la maximización de beneficios desde una perspectiva estrictamente especulativa y el dominio absoluto sobre la vida de las capas populares para hacerlo posible. Después del estallido de la burbuja inmobiliaria, se hace necesario mercadear con nuestros derechos (democráticos, laborales y sociales) y nuestras vidas, en lugar de apostar por un modelo de sociedad más sostenible laboral, social, política y económicamente, para así mantener el estatus de los grandes grupos de poder económico y financiero internacionales.

Y a pesar de ello, las cuestiones laborales siguen siendo las grandes ausentes del debate político. Incluso durante las elecciones del pasado 20-D, buena parte de las candidaturas apenas dedicaron atención en sus programas a este tema, mientras se conformaba un polo convencido de la necesidad de avanzar en derechos, que incluiría candidaturas como IU-UP, Podemos, En Marea, Compromís o En Comú Podem, en Catalunya, que planteaba en su programa un modelo alternativo de relaciones laborales con una apuesta  por la  democratización de las mismas.

Y sin embargo, pocos temas hay más clarificadores acerca de la voluntad real de iniciar un Proceso Constituyente que supere el régimen del 78, pocas líneas rojas más claras que la posición ante los recortes de derechos laborales.

Pero no deja de ser curioso que todos los partidos (con la excepción del PP) se manifiesten como contrarios a las actuales reformas laborales, porque mientras los firmantes del pacto PSOE–C’s están dispuestos a derogarla, lo están sólo para legalizar el fraude generalizado a la  contratación existente en el Estado español en una nueva vuelta de tuerca neoliberal, para seguir profundizando en el desmantelamiento del Estado.

En cambio, quienes cuestionamos la validez de las reformas laborales, partimos de la convicción de la necesidad de derogarlas para avanzar en derechos como un elemento imprescindible de democratización, pero también de vertebración de la sociedad, recuperando la centralidad del trabajo y reivindicando su cultura, con valores como el esfuerzo y la lucha para avanzar colectivamente, con un modelo de Estado que ponga en el centro de la política a las personas y sus necesidades y garantice el acceso a un sistema de servicios públicos universal, como garantía de igualdad de la ciudadanía. Todo ello frente a la mano invisible del mercado, la cultura del pelotazo, el amiguismo y la corrupción generalizada de un sistema enfermo.

La movilización contra las reformas laborales es la lucha por una sociedad más justa e igualitaria para la mayoría y ese es un objetivo que, sin duda, merece la pena conquistar.

Núria Lozano Montoya, sindicalista CCOO y responsable del Área Social de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)