EL CIS, EL BARÓMETRO QUE NADIE MÁS VE

El CIS ante el 29-N: 45.000 entrevistas, un sesgo estructural y los microdatos bajo llave

Electocracia · 10 de noviembre de 2026

El barómetro que nadie más ve

El barómetro de octubre del CIS (estudio 3582, publicado el día 14 con campo del 1 al 6 de octubre y 5.025 entrevistas) colocó al PSOE en el 34% de estimación de voto y hundió al PP hasta el 22,2%, su peor dato de toda la legislatura: una ventaja socialista de 11,8 puntos, el doble que la de septiembre, cuando el propio CIS la cifraba en 5,5 (RTVE). Proyectado a escaños, el panorama que difunden los medios a partir de esos porcentajes ronda los 152-154 diputados para los socialistas (El Debate).

El problema es que prácticamente nadie más dibuja eso. Mientras el CIS regala al PSOE 7,3 puntos sobre la media de los institutos privados y le resta 8,4 al PP —un vuelco de 15,7 puntos en la ventaja—, sondeos como el de NC Report publican justo lo contrario: al PP siete puntos por delante del PSOE (Negocios, Demócrata). El CIS y la demoscopia privada están contando dos Españas distintas, y solo una de las dos puede acertar el 29-N.

El diagnóstico: la muestra no se parece a España

La explicación técnica está en la propia ficha del estudio. En la muestra del CIS, el 38,2% dice haber votado al PSOE en 2023 y solo el 19,5% al PP, cuando en las urnas fueron 31,6% y 33% respectivamente (El País). Es decir: hay dos exvotantes socialistas declarados por cada votante popular, cuando en 2023 fueron prácticamente iguales. Los datos de autoubicación ideológica refuerzan la sospecha: un 18,9% se coloca en el 1 (extrema izquierda) frente al 22% en el 5 (centro), una distribución que ningún otro estudio muestra.

No es una polémica de partisanos. Ignacio Urquizu (Metroscopia) admite que siempre hubo voto oculto, pero que «el descuadre del CIS se ha disparado y no se corrige»; Belén Barreiro (40dB., exdirectora del CIS) sostiene que ponderando por recuerdo de voto PSOE y PP quedarían prácticamente empatados y PP y Vox sumarían mayoría absoluta; Francisco Camas (Ipsos) lo compara con «un eje desalineado que hace que el coche se desvíe siempre al mismo lado»; y Narciso Michavila (GAD3) calcula que, con el recuerdo de voto de esta muestra, el PSOE habría tenido 183 escaños en 2023 en lugar de los 121 que obtuvo (El País). El propio director de Metroscopia da por hecho que en Ferraz y en La Moncloa nadie toma los datos brutos como buenos: los ponderan.

El CIS responde que sus muestras son «aleatorias y representativas», que el voto oculto del PP es un fenómeno antiguo y que el recuerdo de voto sí se pondera en su modelo de estimación (El País). El historial, en cualquier caso, no le acompaña: desde que Tezanos asumió la presidencia del organismo en 2018, ha subestimado a la derecha en unos 4 puntos e inflado a la izquierda en 4,5, y ha sobreestimado al PSOE en el 75% de las elecciones celebradas desde entonces (El Debate).

Nuestra reestimación sobre microdatos: 37 escaños menos al PSOE

Los microdatos del barómetro de octubre no estuvieron disponibles hasta entrado noviembre, casi un mes después del avance del día 14 —justo el plazo máximo que se concede la propia Carta de Servicios del CIS—. Solo entonces ha podido completarse la versión definitiva de nuestra reestimación: un modelo IPF (iterative proportional fitting) de Target Point construido sobre los microdatos individuales del estudio 3582, con origen en el recuerdo de voto del 23-J calibrado al censo electoral (escrutinio definitivo), destino en la intención de voto y proyección sobre el censo cerrado a 1 de septiembre de 2026 (35.805.595 electores), con una participación estimada del 73,3%. El resultado cambia el cuadro completo:

La traducción política es inmediata: PP y Vox pasan de los 155 escaños que sugieren los datos oficiales a 197 —mayoría absoluta holgada—, mientras que el PSOE baja de los 154 a 117 y su bloque (con Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu) se queda en 143, lejos de las 176 actas.

La matriz de trasvases que sustenta el modelo es reveladora por sí misma. La fidelidad de los votantes del PP es del 73,3% y la de los de Vox, del 74%, pero la de los votantes socialistas cae al 66,8%. El 10,7% de quienes votaron al PP en 2023 se declara hoy votante de Vox y el 10,3% de los de Vox regresa al PP —un flujo neto hacia la derecha—, mientras que el trasvase PSOE→PP (4,7%) multiplica por diez el inverso (0,4%). Sumar retiene apenas un tercio de su electorado (34,3%) y el 15,3% de sus votantes de 2023 se dirige al PSOE. Y en la abstención está otra de las claves de la noche: el 13,3% de los exvotantes populares y el 16,4% de los socialistas se declara hoy indeciso o abstencionista.

No somos los únicos en llegar a esa conclusión: la reponderación de Ateneo del Dato (elDiario.es) da un empate técnico con PP 119 y PSOE 116 (elDiario.es), y la encargada por Iván Redondo a Opina 360, otro empate al 28% con 119 diputados populares y 118 socialistas (COPE). Tres cocinas independientes, un mismo diagnóstico: el barómetro de Tezanos está descalibrado y el 29-N se juega en un empate técnico, no en un paseo socialista.

Conviene la honestidad metodológica: nuestra estimación descansa sobre los microdatos ya publicados del barómetro, pero sigue dependiendo de hipótesis de participación y de comportamiento de los indecisos; el resultado del 29-N dirá qué modelo se acercó más. La diferencia con la estimación oficial, en cualquier caso, no es un matiz: son 37 escaños del PSOE y 40 del PP.

Qué esperar del preelectoral de noviembre

Mientras escribo estas líneas, el CIS tiene en marcha el estudio 3584, «Preelectoral elecciones generales 2026»: 45.000 entrevistas previstas, con trabajo de campo del 7 de octubre al 7 de noviembre, un 54% más que las 29.201 del preelectoral de 2023 y un coste que puede rondar los dos millones de euros (elDiario de Madrid, Negocios). Su arranque quedó registrado ante la Junta Electoral Central (acuerdo 267/2026, sesión del 15 de octubre), y el 22 de octubre el CIS aún no podía precisar la fecha de cierre del campo (Catalunya Info).

Como analista, esto es lo que espero —y lo que conviene vigilar:

Primero: más entrevistas no corrigen el sesgo. El error del CIS no es de tamaño muestral, sino de composición: votantes de derechas que cuelgan el teléfono o rehúsan la entrevista. Ampliar la muestra de 5.000 a 45.000 casos reduce el error muestral, pero no toca el sesgo sistemático de no respuesta. Si la muestra sigue teniendo dos exvotantes del PSOE por cada uno del PP, tendremos 45.000 entrevistas igual de descalibradas. Será más ruido estadístico, no más precisión.

Segundo: el indicador que revelará la foto está en el propio avance. Cuando se publique, el dato a buscar no es la estimación de voto, sino el margen del recuerdo de voto 2023. Si vuelve a aparecer un 38-19 entre PSOE y PP, sabremos que la macroencuesta hereda el mismo vicio de origen, y las reestimaciones independientes volverán a ser la lectura útil.

Tercero: el calendario probable. En 2023, el CIS entregó el preelectoral diecinueve días antes de la votación y publicó después un barómetro con nueva estimación diez días antes de las urnas; es previsible un calendario parecido: preelectoral en el arranque de la campaña y, quizá, una segunda entrega antes de la veda del 24, dado que el artículo 69.7 de la LOREG prohíbe publicar sondeos durante los cinco días anteriores a la votación —este año, hasta el 23 de noviembre (Negocios, Telecinco).

Y cuarto, la clave de todo: los microdatos no llegarán antes de las urnas. La propia Carta de Servicios del CIS 2025-2028 compromete la publicación de los microdatos «en un plazo no superior a 1 mes a contar desde la fecha de publicación del avance de resultados» (CIS). Acaba de ocurrir con el propio barómetro de octubre: el avance se publicó el día 14 y los microdatos no estuvieron disponibles hasta entrado noviembre —cuando el campo del preelectoral ya había cerrado—, que es cuando esta casa ha podido rematar su reestimación sobre los datos individuales. Para un preelectoral publicado en torno al 10-13 de noviembre, ese mismo calendario vence después del 29-N. Ocurrió también con el barómetro de noviembre de 2023 —el Consejo de Transparencia aceptó entonces que los microdatos «aún no estaban disponibles» por no haberse superado los procesos de verificación, depuración, anonimización, catalogación y carga informática que exige el artículo 6 de la Ley 39/1995— (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno). No hay razón para esperar nada distinto esta vez.

La asimetría del dato: pagado por todos, en tiempo real solo para Moncloa

Aquí está el problema de fondo, y conviene decirlo sin rodeos: el estudio 3584 cuesta alrededor de dos millones de euros de dinero público (Negocios). Mientras el campo se realiza, el CIS es un organismo público adscrito al Ministerio de Presidencia, cuyo presidente es un cargo de confianza del Gobierno: la información fluye en tiempo real hacia quien la encarga de facto, y ni siquiera los sociólogos más escépticos dudan de que en La Moncloa los datos brutos se ponderan antes de usarlos (El País). Los partidos de la oposición, en cambio, solo recibirán —vía Junta Electoral— la ficha técnica y el cuestionario. Y la ciudadanía, un avance sin microdatos hasta pasadas las elecciones.

El precedente más incómodo lo dejó el propio CIS en 2023: una macroencuesta de 27.000 entrevistas realizada entre el 13 y el 22 de julio, los últimos días de campaña, cuando ya era legalmente imposible publicarla y sin que se hubiera anunciado su realización, de modo que los partidos ni siquiera podían pedir los datos (Libertad Digital). Y el segundo precedente: la Junta Electoral Central multó a Tezanos con 3.000 euros por no comunicar previamente la encuesta flash de abril de 2024 tras la carta de Sánchez, sanción confirmada por el Supremo y con el Tribunal Constitucional rechazando el amparo en septiembre de 2026 (Demócrata). La Administración electoral tiene dientes; la cuestión es usarlos.

Qué pueden hacer los partidos: cuatro vías

1. La vía de la Junta Electoral Central (la más rápida y la más potente en plena campaña). El artículo 69.8 de la LOREG y la Instrucción 1/2024 de la JEC obligan a los organismos públicos que encuestan intención de voto en periodo electoral a comunicarlo a la Junta antes del campo —al menos 48 horas antes— con la ficha técnica completa y el borrador del cuestionario, para que esta dé traslado a los representantes de todas las candidaturas concurrentes (BOE). Además, el artículo 69.2 faculta a la JEC para recabar «la información técnica complementaria que juzgue oportuna» y velar porque los sondeos no contengan «falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas» (JEC). Los partidos tienen, por tanto, un cauce formal para exigir a la Junta que ordene al CIS entregar simultáneamente a todas las formaciones —no solo al Gobierno— el avance de resultados con sus tabulaciones, ponderaciones y el marginal de recuerdo de voto. El argumento es de igualdad de oportunidades en la competencia electoral: si solo un actor dispone del dato en tiempo real, hay ventaja de origen que la Administración electoral puede y debe corregir. La multa a Tezanos demuestra que la JEC no es un papel mojado.

2. La vía de la transparencia (útil sobre todo para fijar doctrina). Cualquier ciudadano, medio o partido puede presentar una solicitud de acceso conforme a la Ley 19/2013 el mismo día de la publicación del avance: no ya los microdatos brutos, sino las ponderaciones aplicadas, el diseño muestral, las tasas de respuesta y las tabulaciones marginales por recuerdo de voto. Si el CIS deniega o no responde en veinte días hábiles, cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, después, recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. El precedente de 2024 fue desestimatorio en lo relativo a los microdatos en bruto (CTBG), pero el Consejo ha estimado otras reclamaciones contra el CIS —codificaciones, tasas de rechazo, personal eventual— (CTBG), y la información metodológica —a diferencia del fichero completo— no requiere los procesos de anonimización del artículo 6 de la Ley 39/1995. La pega es de calendario: la vía administrativa rara vez resuelve antes de las urnas. Su valor es sentar doctrina para el siguiente ciclo.

3. La vía contenciosa contra la inactividad. Presentada la solicitud, el silencio o la denegación del CIS permiten ir directamente al contencioso-administrativo, incluso con petición de medidas cautelares alegando que el retraso vacía de contenido el derecho de acceso en periodo electoral. Es una vía de resultado incierto y de plazos hostiles, pero un recurso bien construido —centrado en que la información ya existe, es pública por naturaleza y su aplazamiento solo beneficia a quien la encarga— generaría coste reputacional al organismo.

4. La vía política. Con las Cortes disueltas no hay control parlamentario posible en la ventana que importa; por eso las anteriores son las urgentes. Pero la demanda de fondo es una reforma sencilla y de sentido común, ya apuntada por parte del sector: que la ley exija al CIS publicar el cuestionario, las ponderaciones, los marginales y los microdatos anonimizados el mismo día que la estimación —y, en periodo electoral, entregarlos simultáneamente a todas las candidaturas a través de la Junta Electoral. Nada más y nada menos que el estándar que la propia Carta de Servicios del CIS promete… un mes después, cuando ya no sirve para competir, solo para verificar (CIS).

Conclusión: la encuesta no es el problema; la asimetría sí

El 29-N no se va a decidir por el CIS, pero sí se está intentando influir en su percepción. Un organismo que desde 2018 ha sobreestimado al PSOE en tres de cada cuatro citas electorales (El Debate) lanza ahora una macroencuesta de 45.000 entrevistas —diez veces el tamaño de una encuesta privada— cuya cobertura mediática amplificará exactamente el mismo sesgo de composición que ya delata su recuerdo de voto. Con la salvedad de que, esta vez, el chequeo independiente existe: tres reestimaciones independientes —la nuestra, la de Ateneo del Dato y la de Opina 360— convergen en un empate técnico y una mayoría absoluta de PP y Vox que el barómetro oficial no ve.

Por eso la batalla de los microdatos no es una guerra de metodólogos. Es una cuestión de igualdad ante la información pública: dos millones de euros pagados por todos los españoles no pueden traducirse en un flujo privilegiado de datos hacia un solo lado del tablero mientras el resto espera a que venza el plazo de la Carta de Servicios, ya con los votos contados. Los instrumentos legales existen —la Junta Electoral, la Ley de Transparencia, el contencioso—. Lo que hace falta es que alguien los use antes del 23 de noviembre, porque después ya no será transparencia: será arqueología electoral.

José Miguel Silva Trigo

Sociólogo y Fundador de Electocracia Análisis y Mercados