De la incertidumbre política a la económica y laboral
El escenario de incertidumbre económica del final de 2023 hacia el cual nos dirigimos no da lugar a opiniones muy optimistas, sino más bien ciertamente preocupantes. Si a eso añadimos la configuración futura de un gobierno con apoyos externos extremadamente heterogéneos y con visiones contrapuestas entre sí en lo económico, en lo social o en lo político, pues la cuestión se complica aún más, sobre todo cuando habrá que legislar sobre la política económica, la fiscalidad, la política social y laboral, la política exterior o la territorial. Se antoja cuando menos muy probable que entraremos en un periodo complicado a todos los niveles en el que podemos pasar de la incertidumbre política a la económica y laboral.
La escalada de tipos de interés que se ha diseñado desde el BCE –en consonancia con lo que se ha hecho en Estados Unidos- y que estamos viviendo desde el pasado año y que a día de hoy fijan al Euríbor en el 4.50% (10 subidas consecutivas desde julio de 2022), a fin de contener la inflación y donde los expertos auguran que en el mes de febrero del próximo año los tipos de interés podrían rondar el 5%, supone un verdadero lastre para la financiación de las empresas a día de hoy, al menos en el corto plazo.
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Hemos visto como, por ejemplo, renovar un crédito ICO que se firmó en 2020 en un 1.5% sobre el capital, hoy día puede suponer una subida de varios puntos bancarios e irse hasta un 8% o 9% de intereses anual, cuestión que a todas luces supone que la financiación se torne casi imposible para las empresas y que conllevará que aquellas organizaciones que estén saneadas opten por trabajar con fondos propios, renunciando a la financiación externa y renunciando obviamente a la inversión, al crecimiento y a la modernización y tan solo renueven esos créditos aquellas empresas que por imperiosa necesidad y en ocasiones por el ahogamiento financiero, se vean en la obligación de hacerlo al no poder prescindir de ese capital ajeno o bancario que, sin duda, lastrará su viabilidad como empresa. Si esto lo trasladamos al mercado de los particulares pues estamos viendo, igualmente, que el crédito para realizar compras, adquisiciones duraderas o inversiones, como puede ser un vehículo o una vivienda, ha caído significativamente en los últimos tiempos por lo oneroso que resultan los tipos de interés en créditos e hipotecas para los particulares y familias; ello unido a la inflación que soportamos y que está empobreciendo a los particulares de forma directa.
Contrastan todas estas medidas anti inflacionarias que desde el BCE se han ido avanzando con la propuesta que para el año 2024 ha anunciado la Ministra de Trabajo para el mercado laboral, en cuanto a reducir la jornada laboral a 37.5 horas a la semana sin ajustar en la misma proporcionalidad los costes salariales a ese tiempo efectivo de trabajo. Medida que se desvela como plenamente inflacionaria, pues si una empresa reduce la jornada de su personal y tiene que proporcionar el mismo servicio al mercado en el que opera tendrá que contratar indefectiblemente a más personal, lo que conllevará una subida de costes directos e irremediablemente que esa empresa para no ver lastrada su productividad y competitividad deba repercutir mediante una subida de precios los bienes o servicios que produce a sus clientes en su mercado, a fin de tratar de mantener sus márgenes y su viabilidad empresarial.
Por consiguiente, la medida de reducción del tiempo de trabajo supone claramente una medida contradictoria con las medidas anti inflacionistas que se proponen desde las administraciones y desde la UE. Bien es cierto que el argumento que hemos escuchado desde el gobierno para el fomento e impulsión de tal medida se sostiene o justifica como un elemento de redistribución del trabajo en España, o sea, menos horas por trabajador y más trabajadores trabajando al mismo tiempo. Hay que hacerse la pregunta si en España actualmente tenemos un problema de redistribución del trabajo, cuando hay sectores y actividades donde se perciben desequilibrios objetivos entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, pues en algunos sectores de actividad la oferta de mano de obra es claramente insuficiente para cubrir la demanda que desde las empresas plantean o piden, véase sectores muy importantes en el tejido productivo nacional como el sector transporte terrestre, el sector de la construcción, el del metal, el sector tecnológico, la hostelería y turismo o el sector sanitario y socio sanitario, por ejemplo. En todos estos sectores, encontrar y contratar personas para trabajar no está siendo tarea fácil para las empresas y si la solución pasa por reducir la jornada de sus recursos productivos en todas las actividades productivas pues parece que no es razonable y el problema se agudizará aún más si cabe. Quizás estos planteamientos haya que trasladarlos a la negociación colectiva y a los acuerdos de empresa, antes de tomar decisiones políticas que puedan afectar de forma drástica en las empresas.
Igualmente, esta subida de tipos de interés no sólo afecta a las empresas y a las familias o particulares. Este encarecimiento del crédito afecta de manera directa al estado y a las administraciones públicas. Un estado que se sobre financió en tiempos del dinero barato y accesible, o sea, cuando los tipos eran bajos y ahora devolver esa deuda cuesta más que nunca. Para que nos hagamos un idea, nuestro país pagó en 2022 en devolución de intereses por la deuda 30.175 millones de euros. Por tanto, el coste del endeudamiento para nuestro sector público es mucho más caro que hace 2 o 3 años. Numéricamente se puede ver que la deuda pública en España ha crecido en el segundo trimestre de 2023 en 33.358 millones de euros y se sitúa en 1.568.743 billones de euros, lo que significa que cuando cerremos el presente año, la deuda pública rondará el 112% del PIB, y siendo uno de los países más endeudados de la Unión Europea, tal y como constata en sus informes técnicos la AIRef. Como último dato, la deuda del estado ha subido desde el año 2008 hasta la actualidad en un 310%. Dato bastante significativo, y lo más preocupante es que la previsión de la deuda pública para los próximos tres años no es si quiera la moderación, a tenor de lo que dicen y escriben los expertos, pues probablemente se module a la baja el PIB y por tanto la deuda aumente respecto al PIB.
Tampoco las exportaciones de nuestras empresas están viviendo su mejor momento en este periodo del año y no se espera que pueda corregirse la tendencia, al menos en el corto plazo. En España han caído un 5% las exportaciones entre los meses de abril y junio por la caída de la demanda externa, que al igual que en nuestro país financiarse no está siendo barato ni sencillo para esos socios comerciales o compradores de nuestros bienes y servicios.
Cierto es que el mercado laboral hoy día está en máximos históricos, más de 21 millones de españoles ocupados.
Lo anteriormente descrito sobre las amenazas a la economía de nuestro país influirá indefectiblemente en el mercado laboral en el medio plazo. La caída de la inversión, primero, y la del consumo, que veremos en breve por los altos tipos será un factor determinante para que afecte al mercado de trabajo. Por ello es necesario que se adopten urgentemente políticas económicas y fiscales a modo de amortiguar un brusco frenazo que afectará a todos, o de lo contrario veremos que estamos de forma irreversible en un proceso que nos llevará de la incertidumbre política a la económica y laboral.
La recuperación del bipartidismo que hemos visto en estos últimos años, no parece que vaya a cambiar la actual situación de bloques políticos en la que nos encontramos. Esperemos que no sea tarde para poder evitar lo peor.
Rubén Rodríguez Martínez
Presidente de Electocracia Análisis y Mercados
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